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El conflicto judicial en torno al futuro de los medios públicos porteños sumó un nuevo capítulo luego de que un fiscal de Cámara solicitara revocar el fallo que habilitó el proceso impulsado por el gobierno de Jorge Macri para concesionar el gerenciamiento del Canal de la Ciudad y de las radios AM La Once Diez y FM La 2×4.
Rodrigo Cuesta, fiscal general ante las Cámaras en lo Civil y Comercial Federal y en lo Contencioso Administrativo Federal, emitió un dictamen en respaldo al reclamo de los trabajadores de los medios públicos, quienes buscan frenar la concesión. Cuesta consideró que los empleados tienen legitimación para intervenir en el caso y afirmó que la decisión de primera instancia debe ser revocada.
“Corresponde admitir el recurso de apelación y revocar la decisión de grado”, sostuvo el fiscal, destacando además el informe del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), que calificó de “ilegal” el proceso de concesión y advirtió que podría derivar en la “caducidad de las licencias”.
De aceptarse el planteo del fiscal, la Cámara deberá derivar el expediente a otro juez, quien analizará el pedido de medida cautelar para suspender la concesión mientras se resuelve la cuestión de fondo. Esta decisión tiene un impacto directo en el avance del proceso impulsado por la Ciudad.
El conflicto se intensifica en un momento clave, luego de que el gobierno porteño adjudicara el mes pasado el Canal de la Ciudad a Cale Group —la empresa de Augusto Marini, que también opera los canales de streaming Blendery Carajo— por un período de cinco años y un canon mensual de 50 millones de pesos. Sin embargo, la transferencia aún no se concretó, ya que resta la firma del contrato y la asunción formal de la gestión, prevista para fines de octubre o principios de noviembre.
Paralelamente, el gobierno porteño relanzó la licitación para las dos radios públicas luego de que el primer llamado quedara desierto por falta de ofertas. En esta nueva convocatoria, la Ciudad separó las radios en dos bloques, permitiendo que una misma empresa se presente por una o ambas emisoras. El canon base fijado es de 1,53 millón de pesos mensuales para cada radio, con una concesión también de cinco años. La apertura de ofertas está programada para el 28 de septiembre.
La medida ha generado fuerte rechazo por parte de los trabajadores, quienes realizaron una protesta la semana pasada durante el cierre del Mundial de Tango de Buenos Aires, frente al Teatro Gran Rex. Los empleados cuestionaron la concesión de las radios públicas y denunciaron que FM La 2×4 no transmitió ni cubrió la final del evento, acción inédita en más de una década.
El gobierno de la Ciudad sostiene que no se trata de una venta ni transferencia de frecuencias, sino de una concesión del gerenciamiento y la operación por cinco años. En cambio, los trabajadores denuncian que esta modalidad implica una privatización de los medios públicos y alegan que la entrega de la gestión a operadores privados está prohibida por la Constitución porteña y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, argumentos que fundamentaron su denuncia judicial.
El dictamen del fiscal Cuesta pone en el centro del debate la legitimación de los empleados para impugnar el proceso licitatorio, así como el informe crítico de ENaCom, que ya había advertido al gobierno porteño sobre las posibles consecuencias de avanzar con la concesión. El interventor de ENaCom, Juan Martín Ozores, envió una Carta Documento a Jorge Macri señalando que la adjudicación a manos privadas podría configurar una «falta grave» y derivar en la «caducidad de la licencia o registro».
A pesar de estas advertencias, la Ciudad rechazó las objeciones y defendió la iniciativa como una manera de evitar el uso de recursos públicos para sostener la operación de los medios. “Vamos a avanzar con la licitación del gerenciamiento operativo de la TV y Radio de la Ciudad. No es momento para financiar con los impuestos de los porteños algo que puede gestionar el sector privado sin costarle un peso a los vecinos”, afirmó el jefe de Gobierno porteño.
La decisión definitiva estará en manos de los jueces de la Sala III de la Cámara de Apelaciones, quienes deben resolver si revocan el fallo de primera instancia emitido por el Juzgado Contencioso Administrativo N°12. En caso de aceptar el criterio del fiscal, el expediente será reasignado a otro magistrado para que evalúe el pedido de medida cautelar presentado por los trabajadores, lo que podría suspender el avance de las concesiones.
Si la Cámara confirma la sentencia inicial, el proceso continuará según el cronograma previsto por el gobierno porteño. De este modo, la definición judicial se produce antes de la finalización de la transferencia del Canal y mientras la Ciudad avanza en la concesión de las radios públicas, en una etapa en la que el cambio en el modelo de gestión aún no está cerrado y la Justicia puede resultar clave para determinar si los medios públicos porteños permanecen bajo administración estatal o privada.
